Empresarios de más de 20 verificientros de la Ciudad de México acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a presentar una queja por la violación a las garantías individuales generada por la suspensión de verificación vehicular durante el primer semestre del año.

Al respecto, Gustavo Torres Anzures, representante de la Asociación Ecológica de Verificación, señaló que la suspensión se realizó con una serie de irregularidades que perjudicó a más de 20 de los 74 verificientros que operan en la Ciudad de México. Detalló que las autoridades realizaron acciones para evitar la renovar de las concesiones.

La suspensión no sólo dejar sin trabajo a los empresarios de los 74 verificentros que operan en la Ciudad de México durante seis meses, también perjudica a cerca de dos mil 100 familias que dependían económicamente de las actividades de estos centros de verificación.

Torres Anzures calificó de irracional la nueva disposición que señala que los verificentros revisarán además las condiciones mecánicas de los vehículos para otorgar hologramas, ya que su misión solo es la de ver que el vehículo cumpla con las condiciones de emisión necesarias para su circulación.

Explicó que dicha revisión le corresponde a la Secretaría de Movilidad, por lo que acusó de que se pretenda aplicar como una forma de recaudación. Por ello, la queja denuncia la violación de los derechos humanos por un medio ambiente sano al suspender la verificación vehicular en un periodo en que se presenta mayor contaminación y contingencias ambientales.

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