En octubre pasado, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, las cuales adelantaban un año la flexibilización de los precios de combustibles en el país, abriendo el mercado a empresas extranjeras.

De acuerdo con las autoridades, la apertura no representaba un riesgo para la economía de los mexicanos, ya que el precio de los combustibles sería regulado por el comportamiento del mercado internacional, no por un mayor gravamen. Sin embargo, el pasado 27 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el precio de los combustibles incrementaría durante el mes de enero, lo cual indignó y causó malestar entre la población.

En entrevista para la revista Proceso, el abogado Gabriel Reyes dijo que el incremento en el precio de los combustibles era inconstitucional, ya que tiene una “rejilla legal”, la cual podría ser impugnada por los ciudadanos mediante un amparo y echar atrás el incremento

Reyes explicó que las modificaciones al artículo 14, fracción I de la Ley de Hidrocarburos violan el artículo 28 de la constitución, ya que sólo puede haber precios máximos respecto de bienes que se consideren básicos o de consumo generalizado “cuando la ley establezca bases”. Pero las bases fueron eliminadas por los diputados al anular la fracción I.

Al respecto, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), anunció que promoverán amparos individuales contra el “gasolinazo”, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de un acto de autoridad del gobierno federal.

Román Díaz Vázquez, presidente de la Apimac dijo a El Universal que el incremento en el precio de la gasolina afectará directamente el bolsillo de la población, ya que tendrán que invertir más en combustible, por lo que recomienda tramitar un amparo para frenar el “gasolinazo”.

Detalló que la asociación dará asesoría gratuita a través de correo electrónico (pogramadeamparos@yahoo.com.mx y amparoderechos@yahoo.com), para que los ciudadanos que deseen iniciar el proceso sepan cómo interponerlo, sin necesidad de viajar a la CDMX o contratar un abogado.

El amparo debe tramitarse durante los primeros 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del aumento en el precio de las gasolinas, de lo contrario no procederá y será rechazado por el juez.

La organización promoverá que haya algún beneficio económico para las personas que lleven a cabo el procedimiento, si pasan los amparos, reclamarán el pago por daños y perjuicios al gobierno federal.

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